La Estafa procesal como delito imputable a las personas jurídicas. Autor: José Antonio Boada Gutiérrez. Abogado

La Estafa procesal como delito imputable a las personas jurídicas. Autor: José Antonio Boada Gutiérrez. Abogado

Autor: José Antonio Boada Gutiérrez. Abogado

En la década pasada se ha producido un cambio transcendental en nuestro ordenamiento jurídico que se corresponde con la aparición y consolidación de la llamada “responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en concreto mediante la aprobación y entrada en vigor de la “LO 5/2010 de 22 de junio” por la que se modifica el “Código Penal” (“LO 10/1995”)

La cuestión no es en absoluto baladí pues ciertamente a través de dicha norma se introduce por primera vez en el derecho penal español esta posibilidad de comisión de hechos tipificados por delito por personas no físicas frente a la célebre máxima “societas delinquere non potest” que tan arraigada estaba en nuestra tradición jurídica (Mir, 2015).

A pesar de que en la actualidad parece existir consenso doctrinal y jurisprudencial en torno a la viabilidad y alcance de este tipo de responsabilidad es necesario advertir que no siempre ha sido así y que determinados expertos señalaban las dificultes de este modelo al carecer “la dogmática penal de mecanismos y elementos que permitiesen exigir responsabilidad a sujetos diferentes a las personas físicas” (Gómez, 2015).

En la sociedad contemporánea actual afirma Tiedemann que “una economía de mercado presupone, esencialmente, una actividad empresarial. A ello corresponde la expresión criminológica “corporate crime”: consiguientemente, el Derecho Penal económico también se puede comprometer en gran medida como Derecho Penal de la empresa. Y el Derecho Penal de la empresa conduce a la exigencia de castigar no solo a las personas naturales que actúan delictivamente dentro de la empresa, sino a la empresa misma como persona jurídica” (Zugaldía, 2012).

Uno de los delitos susceptibles de ser cometido por las “Personas Jurídicas” tal y como se ha indicado en líneas anteriores, viene integrado por el “delito de estafa procesal”, regulado por el legislador como un “subtipo agravado” de los genéricos “delitos de estafa”. A continuación se procede a realizar el análisis detallado de dicho régimen.

Régimen jurídico

El legislador penal español regula las estafas en el “Título XIII” que se encarga de contemplar los “Delitos contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico”; en concreto las “estafas” y sus diferentes modalidades aparecen recogidas en el “Capítulo VI”, bajo la rúbrica de “Las Defraudaciones”, dedicando su “Sección 1ª” a las mismas.

Partiendo de una noción de estafa de la que subyace que ésta ha de entenderse “como un engaño capaz de producir un error en la víctima, que determina que ésta realice una disposición patrimonial que le genera un perjuicio” (Mir Puig, 2015) se observan la concurrencia de una serie de elementos básicos o característicos de la misma, los cuales serán analizados a continuación y que vienen integrados por el “engaño”, el “error”, “el acto de disposición patrimonial” y finalmente el “perjuicio” que se ocasiona a la víctima de la conducta delictiva. No obstante, dada la complejidad de la figura, la doctrina entiende y matiza que “la estafa objetivamente es algo más que un engaño, un error, una disposición patrimonial y un perjuicio; es el conjunto de esos elementos pero concatenados de una determinada manera y no de otra” (Bajo, 2004).

Elementos constitutivos de la estafa

Sin perjuicio de las consideraciones previas realizadas pueden considerarse como “elementos” característicos y comunes a todas las modalidades de estafa los siguientes, unidos a través de la correspondiente “relación de causalidad”:

  1. El “engaño”

El engaño, interpretado en ocasiones con una cierta laxitud por parte de los tribunales (“STS 1727/1999”), es definido por la doctrina como “la simulación o disimulación susceptible de inducir a error a una o varias personas” (Oneca, 2011) o como aquella conducta que tiene por objetivo “dar a la mentira apariencia de verdad” (Polaino, 2011).

Dicho elemento es entendido como el “alma de la estafa” (“STS 479/2008”), consiste según la jurisprudencia en cualquier clase de “ardid” (“STS 52/2002”), “maniobra”, “maquinación” o “mendacidad” (“STS 1738/2002”), que debe necesariamente ser utilizado con el fin de provocar un aprovechamiento de carácter patrimonial que perjudique al sujeto pasivo (“STS 1508/2005”); es decir: no todo “engaño” es susceptible de dar lugar a un delito de estafa, sino que habrá de tener la consideración de “antecedente y causante”, desencadenando el error del afectado (Boix, 2012).

Para atender a la eficacia del mismo deberán observarse las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, determinando (desde una perspectiva doble: subjetiva y objetiva) si el mismo posee la “entidad e idoneidad para arrastrar la cadena de elementos característicos de la estafa y, ante todo, para determinar la voluntad de la víctima, de inducirla, viciando su consentimiento, provocando su error” (Boix, 2012).

  • El “error”

Para Álvarez (2011) el error consiste en “una falsa representación de la realidad”, que para ser relevante a efectos de la figura que nos ocupa tiene que tener la consideración de “esencial”; a saber: incidir sobre aquellos “hechos o elementos que formen parte del núcleo de decisión de la víctima (Álvarez, 2011).

Paralelamente resultará clave a efectos de determinar la existencia del mismo partir de las circunstancias concretas del sujeto pasivo y el “nivel de diligencia exigible al mismo” (Boix, 2012), no exigiéndose en cualquier caso una “confianza o fe ciega en el inductor” (Vives y González, 2016).

  • El “acto dispositivo”

En tercer lugar la víctima debe haber realizado, a consecuencia y bajo “la influencia del engaño que mueve su voluntad” un “acto de disposición patrimonial” (“STS 577/2002”).

Dicho acto puede consistir tanto en una acción o conducta positiva como la “entrega de una cosa, gravar un bien o prestar un servicio por el cual no se obtendrá indemnización”, o en una omisión susceptible de provocar ese perjuicio, por ejemplo “dejar prescribir el tiempo para el ejercicio de una acción de reclamación” (“STS 137/2007”).

Ha de indicarse además que cabe la posibilidad  de que el perjuicio mencionado no recaiga propia o directamente sobre el patrimonio del disponente, que en este caso tendría la consideración de “sujeto pasivo de la acción y del delito”, sino que es admisible que recaiga sobre el de “un tercero”, siendo “sujeto pasivo del delito y perjudicado” (Polaino, 2011).

  • El “perjuicio”

En último lugar se encontraría el “perjuicio”, un perjuicio de contenido y alcance patrimonial tal y como afirma la doctrina al señalar que este debe comprenderse como aquella “disminución del patrimonio, determinada o indeterminable pero siempre susceptible de valoración económica, ya sea del engañado ya de un tercero” (Oneca, 1958).

Su presencia y la constatación de su existencia en el delito de estafa resulta clave, no solamente a efectos de determinar si se ha producido o no dicho tipo delictivo sino también a los efectos de una evaluación y valoración posterior de la compensación e indemnización correspondiente e incluso para determinar el órgano judicial territorialmente competente (Muñoz, 2004).

En último lugar debe indicarse que en relación al “patrimonio” susceptible de verse afectado, este debe ser entendido desde un sentido o perspectiva amplia, ya que no solamente podría afectar el perjuicio al “derecho real de propiedad”, sino también a cualesquiera otros elementos, por ejemplo otros “derechos reales” o “de crédito” (Bajo, 2004).

La ruptura transcendental respecto al sistema penal clásico en el que la máxima respondía al célebre principio “societas delinquere non potest”, en base al cual las personas jurídicas no podían ser ciertamente responsables ni por tanto sancionadas por la comisión de ilícitos penales, siendo la pena en su caso asumida por los representantes de las mismas,  se produjo en nuestro ordenamiento jurídico mediante la reforma operada en el “Código Penal” por la “LO 5/2010”, que trajo consigo la derogación del principio anteriormente indicado y la instauración de un modelo moderno y adaptado a las sociedades contemporáneas. Hay que tener en cuenta que las posteriores modificaciones (entre otras las realizadas por la “LO 1/2015”) han supuesto un notable avance y una mayor precisión en el ámbito de dicha responsabilidad por ejemplo mediante la inclusión y referencia expresa a los “programas de cumplimiento normativo” previstos en el “artículo 31 bis” o la contemplación expresa de las causas de “justificación”, “inculpabilidad” o de las “excusas absolutorias” a las mismas.

Por lo que respecta a la “estafa procesal” la reforma indicada del año 2010 también mejoró notablemente la definición y calificación de la misma en el ámbito del derecho penal, perfilando la naturaleza y el alcance de dicha conducta. Entre las claves de dicha regulación conviene destacar en primer lugar el hecho de configurar al órgano judicial como el destinatario propio y exclusivo del engaño, lo cual implica la exclusión de dicha conducta de otro tipo de “fraudes” que podrían darse en el seno del proceso; a su vez se configura como momento de “consumación” de dicho delito el pronunciamiento efectivo por parte del Juez de la resolución errónea como consecuencia del indicado engaño provocado por una de las partes.

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