«Etiquetar políticamente a los jueces es contribuir a que se pierda la confianza en la Justicia». Así lo manifiesta Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) y exfiscal general del Estado.
Destaca que los magistrados no deben ser ni conservadores ni progresistas y que «si se parte de ese error, se prostituye el sistema judicial».
Julián Sánchez Melgar (Palencia, 1955) tiene a sus espaldas 39 años de servicio ininterrumpido en la carrera judicial.
Desde enero del año 2000 ocupa plaza en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y entre diciembre de 2017 y junio de 2018 estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde sucedió a José Manuel Maza, tras su inesperado fallecimiento.
¿Qué análisis hace de la calidad del Estado de Derecho y del clima político en España?
El Estado de Derecho no solamente es un principio constitucional básico, sino el termómetro para medir el nivel de democracia que se disfruta. Tal principio parte de la separación de poderes y de la prevalencia de la ley sobre cualquier otro poder del Estado. La ley es consustancial al Estado de Derecho, y sin ley no hay democracia ni Estado de Derecho.
Sobre el clima político en España solamente puedo decir que me parece elevado, y aquí también es necesario luchar contra ese «cambio climático», con medidas como el uso de la concordia y el consenso, porque la democracia pasa necesariamente por el entendimiento y la negociación, de ahí que valore muy positivamente la política de Pactos de Estado en materias troncales para la construcción de una gran nación y sobre todos los temas básicos en cualquier democracia (sociales, educativos, sanitarios, económicos, etc.).
«Cuanto más se avance en materia de pactos entre las fuerzas políticas sobre aspectos básicos, más controlado será el clima político y mejor funcionarán las instituciones»
A partir de ahí, una vez que exista consenso en lo sustancial, cada partido podrá aplicar sus programas en lo que considere más adecuado. Cuanto más se avance en materia de pactos entre las fuerzas políticas sobre aspectos básicos, más controlado será el clima político y mejor funcionarán las instituciones.
¿Qué retos deberían llevarse a cabo este año en Justicia, a su juicio, como magistrado y con la visión de exfiscal general del Estado?
Otro de los principios básicos de la constitucional separación de poderes es que los miembros del poder judicial no entren en la política partidista. Ésta es necesaria para la formación de las cámaras, y en la política de los otros dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, pero no para el poder judicial, que debe estar ausente en dicho aspecto.
El respeto es el máximo baluarte del funcionamiento de la democracia. Ello quiere decir que un magistrado de ningún modo puede entrar en un espacio que constitucionalmente le está vedado.
Podrá analizar técnicamente una ley, como paso previo para aplicarla, pero en modo alguno podrá sustituir al poder legislativo en su función de la elaboración de las normas jurídicas con rango de ley.
Desde esta perspectiva no puedo señalar los retos concretos que deberán acometerse en Justicia para este año que comienza.
Puedo decir que hay problemas que deben afrontarse en materia de una buena organización de los Tribunales, avanzar por intensificar la independencia de los jueces y magistrados, conseguir que el mecanismo procesal en que consiste el proceso sea cada vez más ágil, que todos tengan acceso a una tutela judicial efectiva de calidad y en tiempos más cortos, pero el modo de conseguirlo es una misión que corresponde exclusivamente al ejecutivo político, y en tal aspecto, no seré yo quien me pronuncie por una determinada opción.
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